El anteproyecto tiene como objeto transponer la Directiva europea de reestructuración e insolvencia, introduciendo otras reformas en el ámbito concursal con el objetivo de incorporar nuevos instrumentos que mejoren los procedimientos de insolvencia y faciliten el mantenimiento de empresas viables. Se presta especial atención a las microempresas, que dispondrán de un procedimiento específicamente adaptado a sus necesidades y características. En concreto, para autónomos y microempresas de menos de 10 trabajadores, se ha incorporado un procedimiento más rápido, digitalizado y con un coste muy reducido que incrementa la posibilidad de continuidad de las empresas y facilita la reasignación de recursos.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC), sin embargo, ha alegado que el anteproyecto no cumple con el objetivo de la Directiva europea 2019/1023. Según indican, a diferencia de la Directiva, que potencia la figura del Administrador Concursal, el anteproyecto la excluye, lo cual supone un gran riesgo para la seguridad jurídica de los acreedores, que quedan desamparados en el nuevo marco regulatorio, y de todo el procedimiento.
Mientras no haya cambios en el anteproyecto de Ley, desde ASPAC insisten en que los procedimientos concursales desbordarán los juzgados, y la desaparición de la figura del Administrador Concursal, implicará su colapso definitivo, lo que dificultará garantizar la continuidad de empresas viables.
