El Consejo y el Parlamento Europeo alcanzan un acuerdo político provisional sobre la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad, que modifica la Directiva sobre información no financiera de 2014. La propuesta introduce exigencias más detalladas a las grandes empresas, orientadas a la publicación de información sobre derechos medioambientales, derechos sociales, derechos humanos y factores de gobernanza. La información deberá ser certificada por un auditor o un certificador independiente acreditado.
La normativa será aplicable a las grandes sociedades que cotizan en mercados regulados y sus filiales, a las pymes que cotizan en bolsa, así como a las sociedades no europeas que generen un volumen de negocios neto en la UE de más de 150 millones de euros y que tengan al menos una filial o sucursal en la UE.
