Transcurrido el mes de agosto, periodo vacacional por excelencia, comienza la última parte del año, fundamental para alcanzar los resultados programados, bajo circunstancias inquietantes. Los presagios no son halagüeños precisamente. No es cuestión de reiterar lo que ya conocemos y oteamos en el horizonte. La elevada inflación y el alto precio de los productos energéticos son los principales problemas que acechan a la economía mundial, en general y a la europea, en particular. Dichos factores negativos están afectando a la competitividad de las empresas y generando, al mismo tiempo, el alza de los tipos de interés, lo que va a dificultar gradualmente las condiciones de su financiación. Para sortear este incierto panorama la Unión Europea y sus países miembros están planteando diferentes líneas de actuación que tienen por objeto neutralizar los efectos adversos que este conjunto de factores está provocando en la situación financiera de las empresas. La fórmula más empleada, y en principio, sencilla, está siendo la concesión de ayudas a los operadores afectados por dichos elevados costes a fin de que puedan soportar el alza imparable de los costes energéticos. Sin embargo, dicha solución, positiva, sin lugar a dudas, al permitir que las empresas vean minorada la repercusión de dichos costes, no está dando resultados del todo satisfactorios ante la escalada incesante de tales costes, a causa, principalmente, de las restricciones de suministro de gas por Rusia, del elevado precio del petróleo y, en menor medida, pero también de forma relevante, por la persistente sequía europea que ha reducido significativamente la capacidad hidroeléctrica.
No es casualidad, por ello, que, en este contexto, las empresas energéticas estén obteniendo unos beneficios extraordinariamente elevados a consecuencia precisamente del alto precio de los productos energéticos que comercializan y que, sin ser ellos en modo alguno responsables de dicha espiral, sean sus máximos beneficiarios al verse multiplicados sus beneficios por su creciente carestía. La concesión de ayudas se ha revelado, por tanto, insuficiente en un contexto de incremento de costes energéticos. Por eso resulta esperanzadora la idea que se está abriendo camino en el panorama europeo, también apoyada por Alemania, que pretende “topar” los precios de la energía con el fin de que no sigan creciendo desaforadamente y no se ponga en peligro la viabilidad financiera de muchas empresas en las que el coste energético, por su tipo de actividad, resulta vital para la sostenibilidad del negocio. Se trata, por tanto, en términos jurídicos, de una intervención de la fijación de precios, medida contraria al principio de libre competencia, que también rige en el mercado energético. Sin embargo, en estas circunstancias tan extraordinarias, se entiende que una decisión de este calado, sin perjuicio del debate sobre el fundamento jurídico de esta excepcional medida, resulta totalmente necesaria para revertir la dinámica actual del mercado energético. Esperemos que la decisión se adopte en el seno de la Unión Europea con la mayor prontitud, porque sus efectos en el mercado energético y, por ende, en las empresas que están soportando los elevados costes energéticos, les resultarán muy beneficiosos.
