El pasado 24 de enero la Comisión Europea adoptó su Decisión C/2024/145, por la que se crea la Oficina Europea de Inteligencia Artificial (en adelante, “la Oficina de IA”).
La creación de la Oficina de IA responde, principalmente, a la necesidad de establecer un sistema único de gobernanza de la Inteligencia Artificial en la Unión Europea, y establecer, en el marco de dicho sistema, una estructura que supervise (i) los avances en los modelos de Inteligencia Artificial, (ii) la interacción con la comunidad científica, y (iii) la ejecución de las normas relativas a la Inteligencia Artificial, fundamentalmente el Reglamento de Inteligencia Artificial (AI Act).
Atendiendo a su procedencia, las funciones que la Oficina de IA asumirá pueden dividirse en: A) Funciones generales y B) Funciones en la aplicación y ejecución del Reglamento de IA.
A) Funciones generales:
- Supervisión de la evolución de los mercados y las tecnologías de IA.
- Contribuir al enfoque estratégico, coherente y efectivo de la Unión respecto de las iniciativas internacionales de IA.
- Apoyar el desarrollo, implantación y el uso acelerado de sistemas y aplicaciones de IA fiables que aporten beneficios sociales y económicos, contribuyendo así al crecimiento de la Unión.
B) Funciones en la aplicación y ejecución del Reglamento:
- Facilitar la aplicación uniforme del Reglamento.
- Desarrollar herramientas, metodologías e índices de referencia para evaluar las capacidades de los modelos de IA de uso general.
- Supervisar la ejecución y aplicación de las normas relativas a modelos y sistemas de IA de uso general.
- Supervisar la aparición de riesgos imprevistos derivados de modelos de IA de uso general.
- Investigar las posibles infracciones sobre las normas de IA, y, en particular, recopilar reclamaciones y alertas sobre incumplimientos de la normativa.
- Apoyar la aplicación de normas sobre prácticas de IA prohibidas y sistemas de IA de alto riesgo en coordinación con los organismos responsables en virtud de la legislación sectorial (facilitación del intercambio de información entre autoridades nacionales, creación de plataformas y bases de datos comunes, etc.).
Tras su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Decisión de la Comisión entró en vigor el pasado 21 de febrero.
