El Consejo de Ministros ha remitido a las Cortes el proyecto de Ley de creación de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero, un órgano dotado de independencia funcional para la resolución extrajudicial de los conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
El sistema actual de resolución de conflictos entre las entidades financieras y los clientes consta de tres niveles sucesivos: los servicios de atención al cliente de las entidades, los servicios de reclamaciones de los organismos supervisores -Banco de España, Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) y Dirección General de Seguros- y los juzgados. Esta nueva Autoridad integrará las funciones de los organismos supervisores, permitiendo que los clientes presenten sus reclamaciones de manera gratuita y con agilidad, ya que el plazo máximo para la atención será de 90 días. Así, se encargará de resolver reclamaciones relativas al incumplimiento de las normas de conductas, las buenas prácticas y los protocolos firmados por las entidades, incluyendo el carácter abusivo de las cláusulas contractuales.
