Adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, un acuerdo para la implantación general y el impulso del Sistema de Integridad de la Administración General de Estado, un conjunto unificado de medidas que tiene como propósito promover y consolidar de manera global una cultura de integridad y valores éticos en la actuación de todo el personal de la Administración General del Estado. Se da cumplimiento así con lo dispuesto en el Plan de Acción para la Democracia, que contempla este hito como parte de su primer eje.
El Sistema incluye, entre otras cosas, un código de buena administración, un código de buen gobierno, un mecanismo de gestión del riesgo de integridad, un protocolo para canales internos de información y una guía para la gestión de buzones de ética institucional.
El código de buena administración se orienta a los empleados públicos, mientras que el código de buen gobierno se refiere a los altos cargos. Uno y otro definen y desarrollan los principios y valores éticos recogidos en la normativa y los complementan con directrices de actuación que pretenden ayudar en la reflexión personal sobre los retos a los que se enfrentan los empleados públicos y las personas que ejercen responsabilidades públicas en la garantía del derecho a la buena administración y gobierno del conjunto de la ciudadanía.
