El Ejecutivo foral apoya su disconformidad en la falta de sustento jurídico de las modificaciones propuestas, plasmada en un informe emitido por la Letrada Mayor del Parlamento de Navarra el pasado 7 de marzo y en un extenso dictamen emitido con fecha 19 de marzo por el Consejo de Navarra, a petición de la Cámara foral, que “expone las serias dudas de inconstitucionalidad que suscita la modificación normativa pretendida». La Dirección General de Función Pública acaba de emitir también un informe en el mismo sentido.
El informe jurídico del Parlamento de Navarra señala que “las medidas incluidas en las iniciativas adolecen de cierta indeterminación” y plantea “dudas de compatibilidad” de las modificaciones propuestas “con los principios de seguridad jurídica y legalidad garantizados por el artículo 9.3 de la Constitución”, que garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
