El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha condenado a España a pagar una suma a tanto alzado de 15.000.000 de Euros y una multa coercitiva diaria de 89.000 Euros por no haber adoptado las medidas necesarias para garantizar la transposición de la Directiva ni comunicado dichas medidas a la Comisión. El plazo fijado en el dictamen motivado de la Comisión expiró el 25 de marzo de 2019.
España no niega haber incumplido sus obligaciones de adoptar y comunicar las medidas de transposición de la Directiva, y reconoce que las circunstancias institucionales excepcionales han retrasado las actividades del Gobierno y del Parlamento nacional con vistas a la adopción de las medidas de transposición necesarias (en particular, el carácter provisional del Gobierno español durante el período pertinente, que no disponía de una mayoría en el Congreso de los Diputados y estaba solo en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno).
