Boletín Diciembre 2021
EDITORIAL
En una reciente circular nos hacíamos eco de la prórroga de la moratoria concursal declarada desde la irrupción de la pandemia, y en cuya virtud, tanto las sociedades como las personas físicas que se encuentren en estado de insolvencia no tendrán el deber de solicitar la declaración de concurso hasta el 30 de junio de 2022, inclusive. En definitiva, aunque una sociedad se encuentre en situación de insolvencia, podrá evitar tener que solicitar obligatoriamente su declaración de concurso.SE DICE QUE
- El Proyecto de Ley de Startups favorecerá el emprendimiento innovador
- Se amplía el deber de presentar el EINF
- El Parlamento Europeo aprueba una ayuda de 1,2 millones para las personas trabajadoras del sector del metal en el País Vasco
- El Gobierno plantea la posibilidad de establecer límites por días a la contratación temporal
- El desempleo baja y la cifra total se sitúa en 3.182.687 personas
- La Seguridad Social registra un déficit de casi 6 millones de Euros hasta octubre (el 0,49% del PIB)
- El ministerio de Trabajo y Economía Social plantea multar a las empresas con entre 1.000 y 10.000 Euros de multa por cada contrato fraudulento
- Euskadi es la segunda comunidad más competitiva fiscalmente
- El IVA en las mascarillas
- Bruselas expedienta a España por no incorporar las normas antifraude europeas
- La Comisión Europea sanciona a España por no transponer correctamente normas en materia de contratación pública y concesiones
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MATERIA MERCANTIL
EstadoMATERIA ADMINISTRATIVA
País VascoAYUDAS
Principales ayudas con plazo de solicitud abierto en estos momentos.
NOTICIAS DE INTERÉS
- El Consejo superior de Cooperativas de Euskadi presenta la Glosa a la Ley de Cooperativas de Euskadi
- Se declara la existencia de relación laboral entre los socios de una Cooperativa y una Sociedad limitada destinataria de sus servicios
- Recordatorio sobre el registro obligatorio de jornada
- La deducibilidad del IVA en repostajes
- El TS fija que el recurso de casación cumple la exigencia de revisión por un Tribunal Superior que establece la doctrina del TEDH en el caso de sentencias sobre sanciones administrativas graves
ARTÍCULO DE OPINIÓN
