El Consejo de Ministros aprobó el 4 de marzo el anteproyecto de la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción por la que se traspone la Directiva europea whistleblowing relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.
El anteproyecto recoge los objetivos de la Directiva, es decir, proteger a los informantes y establecer las normas mínimas de los canales de comunicación. En consecuencia, el anteproyecto adopta la medida de prohibir y declarar nulas las conductas que puedan calificarse de represalias y obliga a contar con canales internos de comunicación al sector público y a las empresas de más de 50 trabajadores, que deberán garantizar la confidencialidad del informante.
El plazo máximo para el establecimiento de sistemas internos de información y adaptación de los ya existentes será de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley. Como excepción, en el caso de las entidades jurídicas del sector privado con menos de 249 trabajadores, el plazo para implantar o adaptar los sistemas internos de información se extenderá hasta el 1 de enero de 2023.
