El mundo de la economía social, como otros ámbitos de la economía, está también siendo objeto de una profunda reflexión con el objeto de adecuar sus específicas características a las nuevas exigencias del mercado. Dicha adaptación requiere, en cualquier caso, que la estructura de las entidades de economía social mantenga sus particulares propiedades y resulte apropiada para que puedan seguir atendiendo a su importante función social.
Pues bien, en este contexto, conviene llamar la atención sobre la relevante iniciativa que ha emprendido el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al someter a Consulta Pública la elaboración del Proyecto de Ley Integral de Impulso de la Economía Social y Solidaria. Esta nueva disposición legal trata de condensar en una misma disposición normativa la Ley 5/2011 de 29 de marzo de Economía Social, la Ley 44/2007 de 13 de diciembre del Régimen de las Empresas de Inserción y la Ley 27/1999 de 16 de julio de Cooperativas, con el ánimo de disponer de un marco integral que regule el contexto normativo en el que deben seguir desarrollando su actividad los principales actores del sector. En efecto, con esta nueva regulación se pretende proporcionar a la Economía Social un mayor apoyo no sólo con el objeto de fomentar la creación de puestos de trabajo, sino buscando especialmente incrementar el impacto social de estas entidades en el mercado.
Ciertamente, la modificación de cada una de las normas indicadas anteriormente pretende dar solución a sus específicas necesidades. Así, la actualización de la Ley de Economía Social trata, entre otros objetivos, de clarificar las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector con el ánimo de incorporar las nuevas fórmulas asociativas hoy presentes en el ámbito de la economía social. Por su parte, la reforma de la Ley del Régimen de las Empresas de Inserción tiene por objeto consolidar y, al mismo tiempo, impulsar el modelo de las empresas de inserción realizando los ajustes necesarios para conseguir desplegar su capacidad transformadora. Y, por último, la actualización de la Ley de Cooperativas pretende, entre otras medidas, hacer frente al intrusismo en el ámbito cooperativo que tanto daño reputacional está causando al sector. Con todas estas medidas se pretende, en suma, impulsar la economía social, hacerla más solidaria, y, adecuarla a los retos a los que se enfrentan este tipo de entidades en el mercado.
Evidentemente las medidas propuestas en la nueva Ley Integral de Impulso de la Economía Social resultan atractivas ya que tratan de conseguir que las entidades de este sector cuenten con una regulación acorde a sus necesidades, respetando sus señas de identidad, y, al mismo tiempo, favoreciendo su consolidación y crecimiento. Con su publicación se ha abierto un breve plazo para proponer aportaciones con el fin de mejorar el alcance de la norma todavía en fase embrionaria. Las entidades de economía social podrían aprovechar esta ocasión para incluir aquellos aspectos que juzguen más necesarios. En cualquier caso, habrá que estar atentos a su tramitación y a su ulterior publicación porque, a buen seguro, la nueva norma proyectada va a servir para que las entidades de economía social, cuya presencia resulta tan favorable para la sociedad desde toda perspectiva, adquieran un mayor protagonismo en el mercado y extiendan todavía más su presencia, y, por tanto, su ámbito de influencia.
