Según un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas, una de cada diez empresas públicas está ya en causa de disolución. Además, hay un «elevado número de entidades con pérdidas, en muchos casos recurrentes».
En este contexto, recuerda que en sus último dictámenes ya se había reclamado a las administraciones afectadas que establecieran: «las medidas precisas para que el presupuesto de las entidades locales constituya un auténtico instrumento de gestión, planificación y toma de decisiones, evitando que aquellas actúen sin presupuesto, la inclusión de previsiones de ingresos carentes de posibilidades reales de ser realizados, así como de modificaciones de crédito sin financiación efectiva», aspectos que no han sido cumplidos.
