La Comisión Europea ha anunciado el 2 de diciembre de 2021 la incoación de un expediente sancionador a España por incumplir las normas europeas en materia de contratación pública y concesión de contratos, una nueva legislación común que los Estados miembros deberían haber trasladado a sus leyes nacionales a más tardar en abril de 2016.
Pese a que las directivas objeto de contratación pública han sido traspuestas mediante la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la UE en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, Europa considera que hay dudas de que se haya traspuesto correctamente, en concreto, las disposiciones sobre modificación de contratos y cálculo del valor estimado.
