El “Greenwashing” (o blanqueo ecológico) se define como las alegaciones infundadas o engañosas sobre el comportamiento medioambiental de un actor o producto, en el que no se facilita información suficiente al consumidor para que juzgue la exactitud de afirmaciones vagas y generales destinadas a transmitir al consumidor la impresión infundada de que un producto o servicio determinado no tiene ninguna repercusión negativa en el medio ambiente, sin proporcionar pruebas que respalden la veracidad de tal afirmación.
En contra de estas prácticas, la Comisión Europea (dentro del marco del Plan de Acción para la Economía Circular y el Pacto Verde Europeo), ha puesto en marcha la tramitación de dos Directivas por las que se pretende poner fin a las prácticas comerciales desleales que impiden a los consumidores tomar decisiones de consumo sostenible. Mediante estas Directivas se va a exigir a cualquier empresa que pretenda comunicar alguna alegación medioambiental sobre su producto o servicio, que tal alegación deba estar respaldada por una entidad acreditada independiente que haya procedido a verificar los extremos de dicha alegación medio ambiental.
Además, mediante estas directivas se pretende regular también la tramitación de reclamaciones y demandas por parte de personas físicas, jurídicas u organizaciones para que, conforme al derecho nacional o de la Unión Europea, puedan presentar reclamaciones fundadas en el incumplimiento de lo establecido en las mismas directivas.
