Como si de una nueva disciplina olímpica se tratara, asistimos a una competición en la que los protagonistas son los proyectos de implantación en el territorio de grandes instalaciones de aprovechamiento de energías renovables. O quizá el pistoletazo de salida lo fueran las nuevas medidas de impulso de las energías renovables que desde el gobierno central se empezaron a adoptar hace algo más de un año, a lo que se une la introducción de un nuevo régimen de subastas de la energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovable, que permitirá a sus promotores contar con una retribución fija de la energía producida a lo largo del plazo necesario para la amortización de las inversiones realizadas.
Todo ello iría en provecho de los consumidores, en la medida en que con ello se pretende alcanzar un abaratamiento en el precio de la energía, aunque, dicho sea de paso, a día de hoy esto parezca una utopía.
En cualquier caso, en estos últimos tiempos estamos presenciando un bombardeo casi diario de noticias en las revistas especializadas anunciando el lanzamiento de proyectos de parques eólicos terrestres y marinos, parques solares y, más recientemente, de hidrógeno verde, cada uno el mayor en su categoría. Proyectos todos ellos necesarios en el proceso de transición energética y descarbonización de la economía que coadyuve a paliar los efectos del cambio climático en nuestro planeta, pero que no debe hacernos olvidar que, si bien a menor escala, existe un abanico de posibilidades cuya capacidad, quizá no para liderar, pero sí para ayudar en aquel proceso de descarbonización, no hay que menospreciar.
Ya en el año 2017, la Declaración de la Organización Meteorológica Mundial sobre el estado del clima mundial nos dibujaba este escenario: en el último cuarto de siglo, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono —cuyas emisiones en aumento, así como las de otros gases de efecto invernadero, están impulsando el cambio climático antropógeno— han pasado de 360 partes por millón por volumen (ppm) a más de 400 ppm. Permanecerán en esos valores durante generaciones, por lo que el planeta se verá abocado a un futuro más cálido, en el que habrá más fenómenos meteorológicos, climáticos e hidrológicos extremos. El cambio climático se aprecia cada vez de forma más clara, como reflejan el aumento del nivel del mar, la acidificación y el calentamiento de los océanos, la fusión del hielo marino y otros indicadores climáticos. En 2017 la temperatura media mundial superó en 1,1 °C la de la era preindustrial, es decir, más de la mitad del límite máximo de 2 °C establecido en el Acuerdo de París, el cual trata además de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales. El año 2017 fue el año más cálido desde que se tienen registros sin un episodio de El Niño y uno de los tres años más cálidos después del año récord de 2016.
En todo ello la generación de energía a través de las fuentes de energía renovable adquiere un papel protagonista como uno de los elementos clave a través del cual reducir el nivel de emisiones contaminantes a la atmósfera. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) (2021-2030), fija unos objetivos de penetración de las energías renovables en España, llegando en 2030 al 74% en el ámbito eléctrico y al 42% sobre el uso final. En lo que a Euskadi respecta, existe un objetivo de consumo del 32% de energías renovables en 2030. En estos momentos este tipo de energías sólo suponen el 7% en generación y el 14% de consumo total en Euskadi.
El cumplimiento de esos objetivos requiere, por tanto, de medidas que sean efectivas.
Por ello, sin ánimo de negar la importancia de las instalaciones de aprovechamiento de energías renovables a gran escala, ha llegado el momento de poner también el acento en aquellas pequeñas acciones que, en conjunto, pueden ayudar al gran cambio. Think global, act local.
En este sentido, en los últimos años se han incorporado a nuestro vocabulario conceptos como prosumidor, o expresiones tales como democratización de la energía o empoderamiento de la ciudadanía. Sea cual sea la denominación que empleemos, lo que subyace es la cada vez mayor relevancia del ciudadano en la actividad de producción de energía, superando de esta forma su papel como mero consumidor, y espectador, para pasar a tener un rol más activo. Cada persona tiene ahora la facultad de producir la energía que consume, contribuyendo de esta forma a la consecución de un doble objetivo:
- El sistema eléctrico, con la configuración y diseño que hasta ahora conocíamos, confirma su evolución y adaptación a una nueva era, dando entrada a un nuevo sujeto – el productor-consumidor;
- Al mismo tiempo, se involucra a la ciudadanía de la lucha contra el cambio climático; no hay mejor trabajo de concienciación que el de permitir la participación directa en la consecución de un objetivo común a todos.
El punto de inflexión que inició el tránsito a este nuevo escenario se produce en el año 2016, con la definición de un nuevo marco energético por parte de la Comisión Europea, con el que se proponía “situar a la ciudadanía en el centro de la transición energética”. Con posterioridad, el Real Decreto-ley 15/2018, en su Exposición de Motivos ya reconoce: i) el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin cargos; ii) el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores para aprovechar las economías de escala; y iii) se introduce el principio de simplificación administrativa y técnica, especialmente para las instalaciones de pequeña potencia.
Recordemos que hasta ese momento era de aplicación el conocido como impuesto al sol, o “peaje de respaldo”, en cuya virtud, las instalaciones para el autoconsumo eléctrico llevaba aparejada la obligación de participar de los costes de distribución y mantenimiento de la red. Su justificación se basaba en que cuando estos consumidores no tuviesen energía solar o eólica, por ejemplo, por falta de recurso, tenían que recurrir al sistema eléctrico, y por ello debían pagar lo mismo que el resto de consumidores en su factura eléctrica.
Con el Real Decreto 15/2018 esta situación cambia, se suprime aquel impuesto al sol, y se da paso a un nuevo sistema que se consolida con el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, donde se regula el autoconsumo en sus diferentes modalidades:
- autoconsumo aislado o conectado a red
- autoconsumo individual o colectivo
- autoconsumo con o sin excedentes
Ahora, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno Central acaba de elaborar, haciéndose eco de los objetivos fijados en el PNIEC, establece como principal objetivo en materia de energía el de incrementar el uso de energía renovable sobre el consumo de energía final y aprovechar la oportunidad social y económica de este despliegue. Para ello propone una batería de medidas dirigidas a introducir modificaciones normativas que contribuyan a asentar un modelo energético en el que el consumidor adquiera un papel protagonista. Estas reformas estarían dirigidas a:
- crear un marco normativo para el fomento de la generación renovable que genere certidumbre y permita aumentar la presencia de las energías renovables en el consumo energético nacional fomentando la inversión privada, eliminando barreras al despliegue de renovables y mejorando la integración de la generación renovable en el entorno.
- Desarrollar una estrategia Nacional de Autoconsumo, para impulsar esta modalidad de generación, establecer los objetivos en esta materia para el periodo 2021-2030 e identificar y desarrollar medidas de mitigación de las principales barreras a su despliegue.
- Desarrollo de las comunidades energéticas para el impulso de la participación de la ciudadanía en la transición energética y, en concreto, de las comunidades de energías renovables y de las comunidades ciudadanas de energía. Se apoyarán tanto los procesos participativos, formativos y de constitución de las comunidades, como el impulso de proyectos específicos.
Esta misma semana por parte del Gobierno central se ha aprobado, además, un paquete de ayudas dirigidas al autoconsumo y el almacenamiento de energía renovable, tanto en el sector público como en el privado (sector servicios, industria, sector agropecuario, sector residencial y del tercer sector).
Nos encontramos, en resumen, en un momento en el que, si bien se está produciendo un boom de grandes proyectos de generación de energía a través de fuentes renovables (basta con echar un vistazo al Boletín Oficial del Estado para hacerse una idea de la magnitud del despliegue de estas instalaciones en el territorio), también se está formando una ola que empujará a los consumidores a generar su propia energía. Y podrán hacerlo ya sea de forma individual, ya sea de forma organizada a través de comunidades energéticas.
No obstante, todavía queda bastante por hacer. Los programas de ayuda se tienen que hacer efectivos. También es preciso que las modificaciones normativas previstas se materialicen en un corto período de tiempo, para evitar que el actual régimen jurídico se convierta en elemento disuasorio, sino obstativo, del desarrollo del autoconsumo. Además, junto con las modificaciones previstas en el Plan de Recuperación, Resiliencia y Transición Ecológica, sería necesario acometer reformas adicionales. Piénsese en la Ley de Propiedad Horizontal, cuya modificación es cada día más apremiante de cara a adaptar el régimen de acuerdos en ella previsto a las necesidades concretas de las instalaciones de autoconsumo, dotándole de más flexibilidad. Dada la cantidad de variables que se pueden dar, parece, además, conveniente que la LPH dote a los copropietarios de un marco de garantías en el sentido de, por ejemplo, aclarar cuándo una instalación de autoconsumo tendrá la naturaleza de elemento comunitario o privativo; en caso de ser privativa, cómo cohonestar tal naturaleza con el uso de un elemento privativo como sería la cubierta del edificio; quién y en qué medida debe asumir los gastos de reparación y mantenimiento, etc.
También es necesario modificar la actual regulación del reparto de los excedentes que generan las instalaciones de autoconsumo. Si bien parece que esto se encuentra en la actualidad en trámite y todo parece indicar que, según el borrador que se está tramitando, será posible un reparto más flexible.
En definitiva, y si bien todavía se está haciendo el camino, lo cierto es que la apuesta por el autoconsumo es ya una realidad que, en la medida de la posible, debe ser aprovechada por los consumidores en cualquiera de los ámbitos de consumo, no solo residencial, sino en el ámbito del sector público, en su papel ejemplarizante de cara a la ciudadanía, y, como no, en el sector industrial. Este último, por el volumen de consumos energéticos que presentan los procesos industriales, puede ser el candidato idóneo para ello, con unos plazos de retorno de las inversiones que podrían justificar acudir a este sistema. Como consecuencia, su factura energética se vería notablemente minorada. Sin olvidar la ayuda que ello supondría de cara a alcanzar los objetivos de contribución de las energías renovables, adelantándose, de esa forma, además, a posibles futuras obligaciones que se puedan llegar a imponer.
Que aquel empoderamiento ciudadano no quede en el ámbito conceptual, sino que se consolide como realidad está, por tanto, en manos de cada uno de nosotros como consumidores.
