El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de mayo el Anteproyecto de Ley de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, incorporando a nuestro ordenamiento jurídico la Directiva 2022/2464/UE (“Directiva CSRD”), cuyo propósito es equiparar el reporte de la información sobre sostenibilidad con el de la información financiera.
La normativa, modificaría el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, introduciendo obligaciones sobre cuestiones medioambientales, sociales, de derechos humanos y de gobernanza, así como de información sobre la forma en que la actividad de la empresa se asocia a actividades económicas consideradas medioambientalmente sostenibles.
El anteproyecto prevé la obligación de presentar informe de sostenibilidad para las grandes empresas, las PYME que emitan valores en mercados secundarios regulados de la UE -salvo que sean microempresas-, entidades aseguradoras y reaseguradoras, entidades de crédito, filiales de grupos encabezados por una matriz que presenta informe de sostenibilidad consolidado, así como las filiales o sucursales de grupos encabezados por una empresa de un tercer país que tenga una actividad significativa en la UE.
Actualmente, la tramitación del anteproyecto se encuentra paralizada debido a la convocatoria de elecciones generales.
