El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado el informe al anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda.
El informe recuerda que la vivienda es una materia de titularidad autonómica, por lo que el núcleo de su regulación debe ceñirse a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, relativos a los procedimientos de desahucio.
El texto del anteproyecto pretende configurar la vivienda como el quinto pilar del Estado del Bienestar, incluyendo la normativa de control de precios en las zonas tensionadas. Así, las administraciones locales serán las encargadas de definir la declaración de las zonas tensionadas, por un periodo de tres años, aunque podrá prorrogarse año a año si se dan las circunstancias.
