En el año 2014 se publicó la Directiva 2014/95/UE sobre información no financiera, que implantó la obligación de que las grandes empresas incluyeran en su Informe de gestión un estado de información no financiera. La transposición de dicha Directiva al ordenamiento español se llevó a cabo mediante la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que ha obligado, a partir de su entrada en vigor, a que las empresas de dimensión económica significativa tuvieran que divulgar dicha información no financiera en sus cuentas. Sin embargo, pronto se vio que dichos requerimientos no colmaban las necesidades de información de los usuarios en materia de sostenibilidad. A consecuencia de ello, se ha promulgado la Directiva (UE) 2022/2464, que regula la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas mediante la divulgación de la correspondiente información en materia de sostenibilidad y del denominado informe de sostenibilidad. El 5 de mayo de 2023 se publicó el Anteproyecto de Ley por el que se pretendía regular el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, que, sin embargo, no ha adquirido carta de naturaleza legal, a consecuencia de la disolución anticipada de las Cortes Generales, sin que a día de hoy se tenga noticia de que vaya a ser presentado de nuevo en el Congreso para su aprobación.
Ahora bien, conviene recordar que los estados miembros han de proceder a la transposición de esta Directiva antes del mes de julio del año en curso, si no quieren ser objeto de sanción por incumplir dicho plazo. En nuestro caso, no es la primera vez que no se han respetado dichos plazos obligatorios de transposición. Sin embargo, a la vista de la trascendencia internacional de la materia objeto de su regulación, se espera que su tramitación parlamentaria no se haga esperar o que, incluso, su transposición se efectúe a través de la promulgación de un decreto ley, como ya ha sucedido en algunos otros casos.
Por lo tanto, más pronto que tarde, las entidades aseguradoras y reaseguradoras, las entidades de crédito, y las grandes empresas (cualquiera que sea su forma social), esto es, aquellas que, durante dos ejercicios consecutivos, cumplan dos de estos requisitos (o bien, cuenten con un activo que supere los 20 M €, o bien el importe neto de la cifra anual de negocios rebase los 40 M €, o cuenten con un número medio de trabajadores superior a 250) van a tener que elaborar los informes de sostenibilidad en los que se deberán reflejar, entre otras menciones, el papel de los órganos de administración en la gestión y supervisión en materia de sostenibilidad, en las políticas de sostenibilidad implantadas en la empresa, en los posibles efectos adversos reales o potenciales relacionados con su actividad o con su cadena de valor y en las medidas adoptadas para prevenirlos o, por lo menos, evitarlos.
Una de las mayores novedades que presenta la configuración del nuevo informe de sostenibilidad es que deberá confeccionarse sobre una base de doble materialidad. Esto significa que las empresas tendrán que identificar el impacto que su actividad provoca en la sociedad y en el medio ambiente, así como que el que el medio ambiente, las personas y la sociedad producen en el valor de la empresa en relación con el acceso a los recursos. Su elaboración deberá llevarse a cabo de conformidad con los Estándares Europeos de Reporting de Sostenibilidad (ESRS) y para acreditar su cumplimiento efectivo se recomienda que se solicite a un auditor o a un certificador independiente acreditado un certificado de aseguramiento que refrende que la información de sostenibilidad divulgada por la empresa, cumple con los estándares de certificación adoptados por la UE.
Estamos, en definitiva, a las puertas de un cambio de gran calado en la política de divulgación de la información de las empresas de cierta dimensión, ya que van a verse obligadas a corto plazo, a tener que elaborar una información relacionada con la sostenibilidad de su empresa, basada en parámetros totalmente novedosos, y en la que se va a poder apreciar no solo cuáles son las políticas que la empresa está llevando a cabo en este crucial ámbito, sino si los administradores y directivos están haciendo lo posible para conseguirlo en el desempeño de su labor.
