Las elecciones generales del pasado día 23 de julio han arrojado un resultado incierto en el que el partido ganador carece de apoyo suficiente para formar gobierno y el partido inicialmente derrotado cuenta, con todo, con algunas opciones para conformar gobierno, propósito que se antoja, no obstante, complicado por el variopinto perfil de sus posibles aliados, dificultad que puede precipitar la repetición de las elecciones a finales de año.
Desde una perspectiva empresarial, hay que reconocer que dicho impasse puede despertar cierta inquietud. Sin embargo, sin entrar en elucubraciones de índole política sobre el futuro que se avecina, lo cierto es que el gobierno actual está en condiciones de poder seguir tomando medidas de carácter económico, dentro del limitado marco de competencias que le reconoce el encontrarse en funciones. No hay que olvidar, como explicamos en el anterior editorial, que el gobierno puede promulgar un Real Decreto Ley (como, por ejemplo, el RDLey de 5/2023 de 28 de junio), cuando razones de extraordinaria y urgente necesidad, aconsejen la utilización de este instrumento normativo para resolver un determinado problema o dar cobertura jurídica a una situación sobrevenida. Pero, con independencia de las dudas jurídicas que puede sembrar la utilización del mecanismo del Real Decreto Ley cuando las Cortes están disueltas, y, sobre todo, a partir del 17 de agosto se constituyan las nuevas cámaras, lo que resulta incuestionable es que el funcionamiento de la administración debe continuar y los distintos ministerios, con sus titulares a la cabeza, han de hacer uso de sus facultados para seguir publicando normas administrativas sobre aspectos de especial relieve para las empresas y la ciudanía en general.
Por ello, hasta que se conforme el gobierno correspondiente, bien tras las elecciones recién celebradas, bien tras las que tuvieren lugar a final de año si no se alcanzara acuerdo de gobierno con los resultados actuales, el gobierno en funciones y la administración, en general, deben tomar las medidas necesarias que hagan posible que las empresas puedan seguir desarrollando su labor de la mejor forma posible. En este ámbito, sería recomendable que los fondos europeos concedidos con anterioridad fueran empleados sin dilación para reforzar los distintos sectores industriales, sirviendo así para impulsar su modernización. También cabría que pudiesen ser objeto de desarrollo normativo aquellos aspectos previstos legalmente cuya aplicación necesitara cierta concreción. La posible parálisis política no puede afectar al correcto funcionamiento de las estructuras administrativas de un país, ni, por ende, perjudicar a la actividad de las empresas, que pueden ver dañada su labor si la administración deja de aplicar y, en su caso, impulsar sus políticas económicas y empresariales. Confiemos en ello.
