Como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania el precio de la electricidad y de los combustibles ha experimentado un incremento extraordinario que ha tensionado los costes de producción y distribución de los productos. Dicha alza ha afectado también a los transportistas que han sufrido un notable aumento de sus costes de explotación a causa de la subida del gasóleo generada por las tensiones derivadas de la invasión de Ucrania y de las sanciones impuestas a Rusia adoptadas para penalizar dicha ilícita actuación. Sin embargo, las propias características del mercado nacional de transporte de mercancías han hecho que la viabilidad de muchos operadores del transporte quedara en entredicho, principalmente por el carácter profundamente atomizado del sector que dificulta notablemente su capacidad de repercutir en el precio del transporte los sobrecostes generados por el incremento de los combustibles. Dicha situación fue el motivo esgrimido para que se produjera la convocatoria de una huelga general (o cierre patronal, más propiamente) por parte de una asociación minoritaria del transporte, sin representación en el Comité Nacional, que con el paso de los días cosechó más apoyos y que está provocando grandes perjuicios a las empresas, ya que no solo han visto notablemente limitada su capacidad de distribución de productos, sino que también están viéndose obligadas a cerrar o limitar sus cadenas de producción ante la falta de nuevos suministros.
Afortunadamente, el pasado 25 de marzo el Ministerio de Transporte y el Comité Nacional de Transporte, órgano que representa a la mayoría de las empresas y operadores del transporte por carretera, alcanzaron un acuerdo que ha traído consigo la desconvocatoria de la huelga. En términos generales, dicho acuerdo incluye la bonificación de 20 céntimos por litro de gasóleo desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, prorrogable en función de la evolución de los precios.
Complementariamente los transportistas recibirán 1250 Euros por camión, no pudiendo superar la cuantía de 400.000 Euros por empresa. Se duplica asimismo el presupuesto destinado a las ayudas al abandono de la actividad de los transportistas de mayor edad y se amplía el plazo de vencimiento de los créditos ICO hasta los 10 años. En definitiva, se tratan de medidas que tienen como objeto beneficiar puntualmente al sector del transporte por carretera para que las empresas puedan soportar estas circunstancias tan adversas esperando que los precios vuelvan a su estado anterior en un breve periodo de tiempo.
Sin embargo, la Plataforma del Transporte mantiene la convocatoria de huelga porque considera que no se ha resuelto el problema fundamental del transporte por carretera que es el que se prohíban los transportes contratados por debajo de su coste. Sin embargo, en el Acuerdo del 25 de marzo antes señalado el Ministerio de Transporte se comprometió a elaborar un proyecto de ley antes del 31 de julio con el fin de limitar la subcontratación y, sobre todo, impedir el enriquecimiento injustificado de los intermediarios, de tal forma que cada operador de la cadena pague al operador de transporte inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Elaborar una norma de este tipo no va a resultar fácil, porque no existen precedentes de este modelo en otros ordenamientos de nuestro entorno. En cualquier caso, parece que la elaboración de esta proyectada norma es la única solución que puede solventar este conflicto, que ha puesto de relieve, nuevamente, que las industrias tienen una dependencia absoluta del mercado de transporte por carretera, sin que se vislumbre en el futuro a corto y medio plazo ningún tipo de alternativa. Esperemos, por tanto, que, por el bien de las empresas y los consumidores, el conflicto se solucione, aunque convendría que el debate sobre la utilización de otras formas de transporte se replanteara, vistas las dificultades existentes en el sector del transporte por carretera.
