La Unión Europea ha propuesto recientemente un paquete de medidas de simplificación administrativa (Omnibus I) que persigue como objeto principal impulsar la competitividad y liberar una capacidad de inversión adicional para reforzar el tejido empresarial europeo. A tal respecto, se propone limitar a las grandes empresas la aplicación de las normativas relacionadas con las políticas de sostenibilidad, liberando de esta exigencia a las medianas y pequeñas empresas para las que, hasta ahora, también estaba previsto la obligación de cumplir dichas regulaciones. La nueva propuesta normativa aspira a conseguir que sean solo las empresas de gran tamaño las que tengan que cumplir los estándares de sostenibilidad y de información sobre dicha materia, permitiendo que el resto, la mayoría de las empresas europeas, no deban cumplir dichas exigencias normativas, que, pese a sus loables intenciones, supone, indudablemente una importante carga administrativa para el desarrollo y funcionamiento de su actividad empresarial. Con dicha simplificación se pretende no solo ahorrar costes a las empresas europeas, sino que, además, se libere una relevante cantidad de recursos financieros para poder llevar a cabo nuevas inversiones en sectores de interés estratégico para los países de la UE. Por último, se propone que el cumplimiento de las exigencias de normativas impuestas a las grandes empresas en materia de presentación de informes de sostenibilidad se aplace dos años para dar tiempo a que puedan adaptarse a los nuevos estándares, teniendo en cuenta las dificultades operativas y organizativas que se están encontrando para poder asumir dichos compromisos.
Quizás todavía sea prematuro vaticinar cuáles van a ser los efectos que esta nueva política va a implicar a las empresas europeas. Para su puesta en marcha se requiere que se lleve a cabo su aprobación por el Parlamento Europeo, ya que la nueva propuesta conlleva, entre otras reformas, la modificación de la Directiva sobre diligencia debida y sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, normas de gran relevancia para el adecuado desarrollo del gobierno corporativo de las empresas. Habrá que ver, por tanto, el alcance efectivo de las nuevas normas a la vista del concreto tenor de su novedoso articulado. En cualquier caso, la propuesta del paquete Omnibus I pone de manifiesto que la UE ha sido receptiva al malestar que entre las empresas europeas de pequeña y mediana dimensión había generado la imposición de exigentes estándares de sostenibilidad porque conllevaba no solo la atribución de nuevas obligaciones para sus administradores y directivos, sino, sobre todo, por la pérdida de competitividad que su implantación podía llevar consigo para las empresas europeas en el concierto mundial. La idea es que antes de verano esté aprobado el nuevo paquete normativo. Esperemos que traiga consigo la deseada simplificación normativa para las compañías europeas de tamaño medio, sin que ello suponga un retroceso en las políticas europeas favorables a evitar el cambio climático y, al mismo tiempo, sirva para fomentar la competitividad de las compañías europeas.
