El pasado 30 de mayo se publicó en el BOE el Decreto de Disolución de las Cortes Generales y del Senado, poniéndose fin así, de forma repentina, a la legislatura en curso que, en principio, acababa a finales de año. Dicha decisión, al margen de las consecuencias de la convocatoria de elecciones generales que ha traído consigo, ha supuesto desde una perspectiva legislativa, que los numerosos proyectos de ley que estaban tramitándose en ambas cámaras no vayan a convertirse en normas legales.
Sin entrar en las valoraciones políticas que pueden plantearse por la disolución anticipada de las cámaras legislativas, que, en modo alguno constituye el objeto de este editorial, lo que sí es indudable es que dicha decisión política ha llevado consigo que muchas iniciativas legislativas largamente anheladas no vayan a ver la luz en esta legislatura, y deban esperar, por tanto, la constitución de las nuevas cámaras legislativas, y de que el gobierno entrante asuma iniciar su labor normativa impulsando de nuevo las iniciativas legislativas presentadas anteriormente o promoviendo nuevos proyectos normativos distintos, a la vista de sus prioridades políticas y/o sociales.
En este sentido, eran muchas las normas que estaban a punto de ser aprobadas, que tenían una incidencia relevante en el ámbito empresarial. De entre ellas cabe destacar que se ha paralizado la creación de la Agencia de la Administración de la Seguridad Social, demandada por sindicatos y por el Cuerpo Superior de Letrados de la Seguridad Social, que debería haberse puesto en marcha en junio del año pasado siguiendo las directrices del Paco de Toledo. Con dicha creación se pretendía agrupar en un organismo único el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA), el Instituto de migración y servicios sociales, el Instituto Social de la Marina, la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) y la Gerencia de Informática (GISS). En el ámbito societario, también se han quedado en el camino, entre otras, el Anteproyecto de Ley de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, con el objeto de regular el marco de información corporativa sobre cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza, así como el de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, destinado a dotar a las empresa de un instrumento moderno e idóneo para reconfigurar su organización según sus necesidades. Finalmente, en el ámbito laboral, también cabe destacar que ha quedado pendiente de aprobación el Estatuto del Becario, norma de indudable relevancia dirigida a clarificar la situación legal de las personas que desarrollan su labor formativa en una empresa. En este mismo sentido, también se queda en el aire la Ley de familias que venía a cumplir lo establecido en la Directiva Europea 2019/1158 en materia de conciliación, con tres permisos; 5 días para atender a familiares; 4 días para ausentarse por fuerza mayor y el permiso parental de 8 semanas por hijos menores de 8 años, que deberán rescatarse obligatoriamente para cumplir con el mandato europeo.
Al margen de cualquier interpretación política, es evidente que la nueva situación generada a consecuencia de la disolución deja en el aire algunas propuestas normativas que podían contribuir a mejorar el funcionamiento de las empresas a las nuevas exigencias del mercado, y sus relaciones con los trabajadores al asumir la administración nuevas obligaciones de índole social. En este sentido cabe mencionar que el nuevo sistema de cotización de autónomos acordado el año pasado modificó el escenario actual, al obligar a los cooperativistas a entregar a la Seguridad Social el porcentaje de rendimientos de trabajo que corresponde a cualquier autónomo. Por ello, se había intentado que, primero, por vía de enmienda, se tuviera en cuenta el régimen específico de los cooperativistas que ingresan sus cuotas de provisión en Lagun Aro, con el ánimo de regular dicho régimen. Sin embargo, la disolución de las Cámaras deja en el aire las conversaciones con el gobierno, que esperemos se reanuden en la próxima legislatura. Habrá que estar atentos porque se trata de una cuestión de especial importancia para el mundo de las cooperativas.
