El 1 de diciembre de 2023 vence el plazo para que las entidades de más de 50 personas trabajadoras y municipios de menos de 10.000 habitantes implanten el canal de denuncias conforme a Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción.
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