La orden prevé abordar la problemática de la vivienda propiciando un acceso real de las unidades convivenciales de ingresos anuales ponderados comprendidos entre 21.000 y 39.000 Euros al alquiler de una vivienda protegida y la participación de los promotores privados en la promoción de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento.
Considera necesario crear los mecanismos oportunos para que las unidades convivenciales de esos ingresos puedan acceder efectivamente a un alquiler asequible y a su vez favorecer que las empresas privadas participen en la promoción de viviendas de protección pública en régimen de arrendamiento.
