El pasado 17 de febrero comenzó a ser directamente aplicable el Reglamento (UE) 2022/20265, de 19 de octubre, también conocido como Digital Services Act, o Ley de Servicios Digitales (en adelante, “Digital Services Act” o “DSA”, por sus siglas en inglés).
El principal objetivo de la norma es establecer un entorno en línea seguro, predecible y fiable que facilite la innovación y en el que se protejan de manera efectiva los derechos fundamentales de las personas, y, en especial, los derechos de los consumidores.
Fundamentalmente, las obligaciones derivadas de la DSA recaen sobre:
- Servicios de intermediación que ofrecen infraestructuras de red: proveedores de acceso a internet y registradores de nombres de dominio (incluidos los servicios de alojamiento de datos).
- Plataformas en línea que reúnen a vendedores y consumidores: tiendas de aplicaciones, mercados en línea, plataformas de economía colaborativa, etc.
- Motores de búsqueda.
- Plataformas en línea y motores de búsqueda de muy gran tamaño.
Entre otros, la DSA regula el marco de atribución de responsabilidades de los prestadores on-line, introduce un bloque de obligaciones de diligencia debida, refuerza las medidas de supervisión aplicables a los sujetos obligados por el Reglamento, etc.
Además, la DSA establece la obligación, a cada Estado Miembro, de designar una autoridad supervisora, que se ocupe de investigar y sancionar a los prestadores establecidos dentro del país. En caso de España, la autoridad supervisora será doble, en la medida en que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) será la encargada de supervisar y sancionar, mientras que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la encargada de supervisar todas las cuestiones que, en materia de protección de datos, pudieran derivarse de la aplicación de la DSA.
El Reglamento ya despliega plenos efectos, y, además, se aplica extraterritorialmente (es decir, con independencia de la ubicación del prestador de servicios online, siempre y cuando este preste sus servicios en un Estado Miembro de la UE). En este sentido, la Comisión Europea ya ha iniciado una investigación contra la red social TikTok, con el objetivo de detectar si la plataforma china vulnera alguna disposición de la DSA.
